El día 04 de octubre de 2012, poblaciones mayas k’iche’ realizaban una manifestación pacífica, convocada por la Alcaldía Indígena de los 48 Cantones de Totonicapán, en las localidades de Alaska, Xecanchavox y Cuatro Caminos.

Durante el transcurso de la manifestación, fuerzas del Ejército de Guatemala y de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar y dispararon indiscriminadamente contra los manifestantes. El resultado de las agresiones violentas del Estado de Guatemala fue de 8 muertos y más de 35 heridos.

Con el doloroso genocidio aun fresco en la memoria histórica de las comunidades indígenas, es sumamente preocupante que en Guatemala sigan sucediendo hechos de violencia de Estado en contra de poblaciones indígenas que hacen valer su derecho a la libre expresión, inconformidad y protesta.

Los abajo firmantes:

1. Repudiamos totalmente la perpetuación de la violencia de Estado en contra de los pueblos indígenas guatemaltecos.
2. Rechazamos las declaraciones emitidas por el Ministro de Gobernación, el Ministro de la Defensa, el Ministro de Relaciones Exteriores y el presidente de la república culpando las propias comunidades indígenas por la violencia en contra de ellas.
3. Apoyamos el derecho del pueblo k’iché de los 48 Cantones de Totonicapán y a sus autoridades municipales a una voz política colectiva.
4. Extendemos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas fallecidas:
5. Expresamos nuestra solidaridad con los más de 35 heridos, entre los que se encuentran mujeres, niños y ancianos.

Igualmente, apoyamos las demandas planteadas por la Junta Directiva de la Alcaldía Indígena de los 48 Cantones de Totonicapán e instamos:

1. Al Ministerio Público: Cumplir con su mandato constitucional, de investigar, perseguir y acusar a los agentes del Estado y quienes estén involucrados en este hecho de sangre, tanto a los autores intelectuales como materiales que, siguiendo una línea de mando, obedecen y actúan aplicando políticas de represión en contra de la población civil.
2. Al presidente de la República Otto Pérez Molina: la inmediata desmilitarización de las fuerzas de seguridad, así como el retiro de unidades militares en acciones de seguridad pública.
3. Organismo Judicial: En su momento castigar a los responsables y no permitir la manipulación del sistema de justicia que pone en peligro la independencia judicial.
4. A la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH): la investigación profunda de los hechos y la emisión inmediata de la resolución que permita, identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad.
5. A la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros entes internacionales: la intervención inmediata para asegurar una investigación profunda y eficaz de los hechos y reformas institucionales para garantizar la no repetición.